2010 (Estudios)

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María Marcos González

ASPECTOS PROCESALES DE LA NULIDAD CONTRACTUAL

(Resumen de la Ponencia)

Extracto

Las cuestiones procesales relativas a la nulidad contractual (en su sentido más amplio, como invalidez de cualquier clase) tales como la legitimación de la acción de nulidad, la alegación y prueba de la nulidad, la congruencia de la sentencia o el efecto de cosa juzgada, entre otras, no han sido objeto de tratamiento específico en la Ley de Enjuiciamiento Civil por lo que aquéllas se resuelven aplicando la normativa procesal común y los principios procesales generales. El presente escrito (anticipo de otro mucho más extenso en preparación), que fue objeto de debate en el Seminario del 14 de enero de 2010, se ocupa de cómo los principios y requerimientos del Derecho procesal deben tenerse en cuenta en cualquier teoría sobre la nulidad contractual y sus clases.

AGRADECIMIENTO

La nulidad contractual plantea al intérprete un elevado número de interrogantes de distinta naturaleza –tanto sustantiva como procesal-, y de indudable trascendencia práctica, cuya respuesta no se encuentra formulada expresamente en los textos legislativos vigentes.

En efecto, cuestiones sustantivas tan relevantes como qué se entiende por nulidad contractual, cuántos tipos hay, en qué supuestos se produce o cuáles son los efectos legales derivados de la misma, por citar solo algunas, no son reguladas con claridad suficiente en nuestro Código Civil.  

Por otro lado, las cuestiones procesales relativas a la nulidad contractual tales como la legitimación de la acción de nulidad, la alegación y prueba de la nulidad, la congruencia de la sentencia o el efecto de cosa juzgada, entre otras, no han sido objeto de tratamiento específico en la Ley de Enjuiciamiento Civil por lo que aquéllas se resuelven aplicando la normativa procesal común y los principios procesales generales.

Esta situación normativa hace tiempo que fue considerada por la doctrina civilista como de insatisfactoria por lo que decidió aportar una solución alternativa a la misma que consistió en construir una teoría sobre la nulidad contractual (denominada tesis bipartita o dualista), correctora del régimen legal, con la que trató de resolver adecuadamente las cuestiones sustantivas y procesales de la nulidad contractual.

De este modo, la doctrina civilista construyó de lege ferenda un sistema jurídico sobre la nulidad contractual -coherente, preciso y armonizador de los aspectos sustantivos y procesales- que pudo ser tenido en cuenta por el legislador a los efectos de reformar el marco normativo sobre la materia.

La realidad es que el marco normativo no fue reformado conforme a dicha tesis por lo que la misma no pasó a formar parte ni del Código Civil ni tampoco de la Ley de Enjuiciamiento Civil. En consecuencia, la aportación de la doctrina civilista se mantuvo en el plano dogmático sin pasar al plano legal.

Desde el punto de vista procesal no podía haber sido de otra manera puesto que los aspectos procesales defendidos por la tesis bipartita chocaban abiertamente con  los principios y la normativa de nuestro Derecho Procesal Civil lo que impedía que se incorporaran al mismo.

Durante décadas la teoría bipartita gozó de gran aceptación entre la doctrina civilista lo que contribuyó en gran parte a que la jurisprudencia asumiera sus postulados -sustantivos y procesales- en numerosas resoluciones.

 

Sin embargo, desde hace unos años, ha surgido desde la doctrina civilista una postura crítica hacia esta tesis que está logrando poner de manifiesto las deficiencias de la misma tanto en sus aspectos sustantivos como en los procesales.

La doctrina procesalista, por su parte, apenas se hizo eco de la alternativa procesal que la tesis bipartita proponía y, en consecuencia, siguió defendiendo sus propias posiciones elaboradas en sede procesal y acordes con los principios y la normativa procesal española así como con el Derecho Procesal Comparado.

Por lo expuesto podemos considerar que, en la actualidad, la tesis bipartita está cuestionada tanto desde la perspectiva sustantiva como procesal por lo que conviene revisar a fondo sus postulados y tratar de construir una nueva teoría que armonice adecuadamente los aspectos sustantivos y procesales de la nulidad contractual con el fin de garantizar en mayor medida la seguridad jurídica.

Con el fin de evitar los errores procesales en los que incurrió la tesis bipartita convendría que civilistas y procesalistas trabajaran de forma conjunta en el estudio sistemático del régimen jurídico de la nulidad contractual abarcando cada uno de ellos los ámbitos propios de sus respectivas disciplinas.

En esta nueva construcción la doctrina procesalista pondría a disposición del Derecho Civil los instrumentos adecuados para la protección de los derechos sustantivos en sede jurisdiccional, pero sin olvidar que dichos instrumentos deben respetar el marco constitucional y la legalidad procesal vigente puesto que en el ámbito del Derecho Procesal la Ley es la principal fuente de Derecho y la misma tiene carácter imperativo.

Las principales cuestiones procesales sobre las que los procesalistas deberían pronunciarse serían las siguientes:

quienes están legitimados para solicitar la nulidad judicial del contrato;

si la resolución judicial es necesaria para destruir la apariencia de validez del negocio nulo;

si la sentencia que se dicte al respecto es de naturaleza declarativa o constitutiva;

si puede el juez de oficio declarar la nulidad contractual y además condenar a la restitución de lo entregado;

si es congruente la sentencia que se pronuncia sobre la nulidad del contrato no pedida por las partes;

cual es el ámbito de aplicación de la regla iura novit curia en la declaración de nulidad;

si la alegación de nulidad se introduce en el proceso por vía de excepción o de reconvención;

si la alegación de la excepción de nulidad cabe en todos los procesos de declaración;

si la excepción de nulidad contractual tiene plazo de prescripción o no;

cual es el alcance subjetivo, objetivo y temporal de la cosa juzgada en la sentencia de nulidad contractual;

y, finalmente, si la sentencia que se pronuncia sobre la nulidad tiene efectos “ex tunc” o “ex nunc”.

Sobre estas cuestiones procesales los estudiosos deberán pronunciarse conforme a las categorías procesales elaboradas por los autores especializados en esta disciplina jurídica, interpretándolas a la luz del artículo 24 de la Constitución española y dentro del marco normativo regulado por la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 que constituye un auténtico Código procesal común.

Los procesalistas prestarán especial atención a los principios jurídico-naturales (audiencia e igualdad) y a los principios jurídico-técnicos (dispositivo y de aportación de parte) sobre los que se ha configurado nuestra Ley de Enjuiciamiento Civil así como a los objetivos de política legislativa que se han perseguido con la reciente legislación procesal y que se recogen en su Exposición de Motivos tales como “la efectividad en la justicia civil (…), la plenitud de las garantías procesales (…), el acortamiento del tiempo para dictar las resoluciones judiciales (…), pronunciar mejores sentencias (…), evitar litigios (…) y reforzar la igualdad ante la ley (…)”.

La doctrina procesal viene admitiendo de forma tradicional la apreciación de oficio de la excepción de nulidad contractual pero no de la pretensión de nulidad contractual.

La diferencia entre ambas cuestiones es de gran importancia teórica y práctica y tiene distintas consecuencias procesales.

En términos abstractos, ningún obstáculo técnico impediría que el Derecho Procesal español admitiera la declaración de oficio de la nulidad contractual siempre que, a juicio del legislador, nos encontráramos ante una materia en la que por estar implicado el orden público convendría otorgar al juez la facultad de iniciar de oficio el proceso. Ejercitada por el juez la acción de nulidad, el proceso continuaría, entre las partes legítimas, con la tramitación de la fase de alegaciones y la fase probatoria, para llegar a la fase de conclusiones en la que el juez decidirá sobre la nulidad contractual, estimándola o desestimándola.

Sin embargo, el Derecho Procesal español no admite esta facultad del juez sino que, por el contrario, mantiene la nulidad contractual en la órbita del derecho civil dispositivo por lo que el ejercicio de la acción le corresponde a las partes legítimas o interesadas.

La tesis bipartita no se ha mostrado partidaria de introducir en nuestro ordenamiento el ejercicio de oficio de la acción de nulidad contractual sino que lo que ha defendido ha sido la facultad del juez de declarar la nulidad contractual de oficio sin necesidad de trámite contradictorio alguno en el que las partes pudieran presentar sus alegaciones y practicar la prueba propuesta.

 

De este modo la tesis bipartita entiende que la declaración de nulidad no precisa de actuación jurisdiccional alguna sino que puede ser apreciada por el juez de forma automática sin que ninguna de las partes la haya solicitado y sin que estén todas presentes en el proceso.

La jurisprudencia ha entendido que, con carácter general, lo tribunales deben proceder respetando las garantías procesales reconocidas en nuestro ordenamiento jurídico y se deben pronunciar sobre la nulidad contractual en el marco de un proceso declarativo celebrado con la debida contradicción entre las partes afectadas.

Sin embargo, con carácter excepcional ha admitido la apreciación de oficio de la nulidad contractual defendiendo que la protección de determinados intereses jurídicos privados, de carácter público, debe prevalecer frente a la protección de determinadas garantías procesales tales como la congruencia de la sentencia, el derecho de audiencia o el litisconsorcio pasivo necesario.

Desde la perspectiva procesalista resulta necesario analizar en qué supuestos la jurisprudencia admite que las partes se vean privadas de la protección de las garantías procesales y del cumplimiento de los principios procesales básicos.

- Principio dispositivo: legitimación.

- Principio de audiencia: litisconsorcio pasivo necesario.

- Principio de aportación de parte.

- Prueba de la nulidad: carga de la prueba.

- Congruencia de la sentencia

- Derecho al recurso

Tal y como hemos adelantado, la doctrina procesalista ha admitido tradicionalmente que el juez puede apreciar de oficio la excepción de nulidad contractual y absolver al demandado, sin que dicha apreciación implique la declaración de nulidad del contrato ni, en consecuencia, produzca el efecto de cosa juzgada sobre la nulidad contractual.

Esta forma de actuar del juez es extraña a la técnica procesal civil y no tiene acogida en precepto procesal alguno; sin embargo, la doctrina ha venido admitiéndola como una forma de proteger los derechos sustantivos vinculados con el interés público.

La referida postura doctrinal, comúnmente aceptada, pone de manifiesto que la doctrina procesalista no solo no ha abandonado la cuestión relativa al examen de la nulidad contractual en sede jurisdiccional sino que la ha resuelto conforme a las garantías procesales y a los principios que rigen nuestra legislación procesal.

De este modo, cualquier estudioso que consulte los Manuales de Derecho Procesal encontrará una parte dedicada a esta materia en el tema relativo al “objeto del proceso” y, en concreto, podrá apreciar la diferencia entre el tratamiento que se le otorga a la nulidad contractual (excepción impropia) y a la anulabilidad contractual (excepción propia).

Sin embargo, la doctrina civilista debió considerar que esta instrumentación procesal era excesivamente condescendiente con las partes litigantes puesto que si el contrato es nulo de pleno derecho lo que procede es eliminarlo definitivamente del tráfico jurídico, declarando su nulidad, sin necesidad de actuaciones procesales ni de dar a las partes la posibilidad de discutir de nuevo sobre dicha nulidad en un proceso posterior.

Desde esta perspectiva, la tesis bipartita entendió que la nulidad contractual opera por ministerio de la ley, de forma automática, de tal modo que desde el momento en que consten en autos los datos reveladores de la nulidad el juez está facultado para declararla de oficio.

La justificación que encontró la tesis bipartita para defender esta ausencia de actuaciones procesales fue la equiparación entre “contrato nulo” y “contrato inexistente” de la que concluyó que si el contrato nulo no existe no tiene sentido realizar actuaciones procesales sobre la nada jurídica.

Esta equiparación ha sido fuertemente cuestionada por determinado sector civilista al criticar los postulados de la tesis bipartita.

Por otro lado, la equiparación entre “contrato nulo” y “contrato inexistente” dificulta la comprensión del fenómeno de la nulidad contractual puesto que si bien todo contrato inexistente (por ausencia de elementos constitutivos) podría en cierto sentido considerarse nulo no toda nulidad contractual trae su causa de la inexistencia del contrato (ausencia de formalidades, infracción de norma imperativa).

Las delimitaciones conceptuales y terminológicas en torno a la “nulidad contractual” nos alejarían de nuestro ámbito propio de conocimiento (el derecho procesal) y además sobre ellas aún no hay acuerdo entre la doctrina civilista (inexistencia, invalidez, ineficacia).

Ciertos aspectos de la tesis bipartita fueron aplicados a la nulidad contractual de los actos del quebrado, realizados durante el período de retroacción (nulidad automática, ausencia de prueba sobre la nulidad).

Desde posiciones civilistas y procesales se procedió a una revisión de dicha tesis y se ofrecieron interpretaciones alternativas más acordes con el derecho sustantivo y con el derecho procesal (de la nulidad absoluta a la nulidad relativa con actuaciones procesales y prueba del perjuicio a la masa de la quiebra) que fueron paulatinamente introducidas en la jurisprudencia. Finalmente, la legislación concursal vigente ha establecido un sistema de presunciones legales y ha puesto fin a los vestigios de la tesis bipartita en el Derecho Concursal.

Ya hemos advertido que la jurisprudencia admite, si quiera con carácter excepcional, la apreciación de oficio de la nulidad contractual y la admite conforme a la configuración de la tesis bipartita y no conforme a la configuración de la doctrina procesal.

En consecuencia, la jurisprudencia entiende que en la apreciación de oficio no es precisa ni acción -en consecuencia, tampoco reconvención- ni excepción puesto que la actividad procesal de las partes no tiene relevancia alguna; es el órgano jurisdiccional el que constata la nulidad en estos supuestos sin que la sentencia incurra en incongruencia ante la modificación de la causa de pedir, ni produzca indefensión a las partes procesales o terceros afectados por la nulidad contractual a pesar de no darles la oportunidad de defenderse.

De este modo, la jurisprudencia admite que se declare de oficio la nulidad contractual sin un proceso jurisdiccional en el que se respeten las garantías procesales de las partes afectadas.

Conforme a esta jurisprudencia, los jueces civiles (y mercantiles) disponen de un instrumento procesal, a través del que declaran de oficio la nulidad contractual, que no está regulado en ningún precepto procesal y que, en la práctica, carece de límites de aplicación y de control judicial posterior.

Esta ausencia de regulación legal sobre esta facultad judicial introduce un elevado grado de inseguridad jurídica en las relaciones jurídicas civiles puesto que en cualquier instancia judicial el juez puede apreciar, al margen de la petición de las partes y sin precisar de actuaciones procesales, la nulidad del contrato (o de la cláusula contractual).

Esta situación de inseguridad jurídica afecta particularmente al ámbito de protección de los consumidores y usuarios puesto que los jueces, en algunos casos, ya están apreciando de oficio la nulidad contractual, de forma automática, por entender que las infracciones de normas imperativas son de orden público.

La LEC ha introducido un precepto en el que otorga un tratamiento específico a la alegación de la nulidad absoluta del negocio jurídico en el que se funda la demanda. Dicho tratamiento consiste en establecer una figura procesal intermedia entre la excepción y la reconvención (algunos la han llamado, excepción reconvencional).

El modo como el legislador ha regulado esta materia ha suscitado muchas críticas entre la doctrina procesalista puesto que el nuevo régimen legal aplicable a la nulidad absoluta era el que tradicionalmente correspondía a la nulidad relativa (o anulabilidad) y porque el nuevo régimen suscita más interrogantes que soluciones (¿excepción-nulidad; reconvención-anulabilidad?).

Por otro lado, la regulación no hace referencia a la apreciación de oficio de la nulidad contractual.

Particular atención merece la voluntad expresa del legislador de que la nulidad contractual no sea objeto de sucesivos pronunciamientos judiciales por lo que apuesta por otorgar efecto de cosa juzgada al primer pronunciamiento sobre dicha nulidad (tanto si efectivamente se ha deducido como si se pudo deducir).

La jurisprudencia española ha asumido los principales postulados procesales de la tesis bipartita por lo que los mismos han pasado a configurar, en cierto sentido, nuestro ordenamiento jurídico.

Sin embargo los mismos deben ser reformulados a la luz de los derechos constitucionales y de la legislación procesal con el fin de articular instrumentos procesales que, respetando los derechos de audiencia y contradicción, permitan a los jueces apreciar de oficio la nulidad contractual (¿incidente contradictorio? Ejemplos: oposición a la ejecución; nulidad procesal).

Por otro lado, el nuevo tratamiento que la ley procesal otorga a la nulidad contractual absoluta cuando es alegada por el demandado (excepción reconvencional) no está exento de problemas interpretativos que amenazan con introducir más sombras que luces; incluso un sector amplio de la doctrina procesal  entiende que la interpretación literal del precepto debe ser eludida y en su lugar se debe proceder a una interpretación correctora sobre la que no hay aún un amplio consenso.

Estas discrepancias interpretativas sobre la nueva figura legal deben ser objeto de estudio profundo con el fin de establecer, en el marco de la nueva ley procesal, el sentido concreto de la normativa así como la instrumentación procesal adecuada a la misma.

MUCHAS GRACIAS

Pour citer cet article :

María Marcos González. «ASPECTOS PROCESALES DE LA NULIDAD CONTRACTUAL». principal, NUL. Estudios sobre invalidez e ineficaciaNulidad de los actos jurídicos
document.php?id=796
affiliation : Universidad de Alcalá (Madrid)

fonction : Profª Titular de Derecho Procesal